Trasfondo de la «mano dura» de Bukele
Mediante un ingenioso ardid hemos accedido a un informe de inteligencia confidencial de la Policía Nacional de El Salvador que, luego de dos años de su “guerra a las maras” muestra que la mayoría de los jefes o líderes están libres, viviendo seguros en mansiones opulentas, y que la mayoría de los detenidos que hacinan la cárcel de máxima seguridad mandada a construir para la ocasión son completamente inocentes y no cometieron delito alguno, más allá de tatuarse estúpidamente sus cuerpos siguiendo una moda foránea.
En el contexto del “Estado de excepción” las fuerzas policiales realizaron más de 10.000 razzias y raids donde apresaron a vagos y peleles que sólo deambulaban por barrios menesterosos buscando su sustento o remedar un estilo de vida crápula y decadente, ante la carencia de oportunidades, la falta de bitcoins y la pobre educación que ofrece el estado salvadoreño.
El informe revela que muchas organizaciones maras continúan activas desarrollando sus negocios ilícitos y renovando sus costumbres ante la preocupada mirada de las autoridades policiales. La propaganda del gobierno bukelista ha logrado exhibir su modelo de “tolerancia cero” como ejemplo de lucha contra el crimen, pero las estadísticas sobre comisión y ocurrencia de delitos no reflejan tal éxito, y las calles del país están desoladas ante los riesgos de caer en redadas policiales o paramilitares. Se considera un logro el pánico engendrado y el ufano presidente perora día y noche sobre su lucha contra la delincuencia, sin atender a la pobreza galopante y a la desazón generalizada de su población.
Varias organizaciones de derechos humanos –nacionales y extranjeras- han denunciado la falsedad de la campaña bukelista, el carácter delictivo de sus métodos, y el ejercicio desenfadado de un terrorismo de estado semejante al que practicaron gobiernos militares en un pasado plagado de violencia, torpes intentos de revolución y un intervencionismo estadounidense, siempre “a la orden del día” para reprimir al pueblo rebelde. En efecto, se vanaglorian de haber vencido a todas las pandillas sólo para justificar masivas violaciones a los derechos humanos. Invitamos a los lectores a viajar a El Salvador para cerciorarse por sus propios medios cuán alejadas están las consignas de Bukele de la realidad de un país que hace doler el alma humana.
Las proclamadas “seguridad” y “paz” que trajeron las políticas criminales de Bukele no evitan que miles de salvadoreños y salvadoreñas intenten huir del país e intentar el éxodo a la “tierra prometida” de Estados Unidos. Tampoco impiden que las maras continúen operando los negocios del narcotráfico y la prostitución, o que su estética siga imponiéndose entre raperos y youtubers que hacen culto de la vida pendenciera o antisistema. Los datos duros indican que los 80.000 arrestados desde el inicio del estado de excepción sólo posicionaron al país como el mayor carcelero del mundo, superando incluso a Estados Unidos, paraíso de punitivistas, privatizadores y poseedores de armas de fuego. Esto, sin que las estructuras delictivas hayan sufrido contratiempos importantes.
Pero El Salvador se encarama como un “estado duro” en materia de torturas, abusos, detenciones arbitrarias y muertes en custodio policial, particularmente de jóvenes de los vecindarios más empobrecidos por las políticas económicas heterodoxas que ha aplicado el presidente arábigo.
Sobre la fuerza de las actuales bandas y pandillas que pululan en el país, el informe insiste en que «aún pueden cometer asesinatos horrendos”. Los detectives han clasificado a los malandras en tres categorías: miembros activos, aspirantes y colaboradores (vendrían a ser agentes externos). En efecto, de los detenidos actualmente en cárceles, el 80% son aspirantes, un 19% colaboradores y sólo el 1% jefes de clanes. El resto de los detenidos, son inocentes que fueron liberados tras padecer más de dos años de tormentos y vejaciones. Para el resto de los capturados, el gobierno planifica la realización de juicios masivos en los próximos meses, donde serán todos condenados a cadena perpetua, sin importar si participaron en algún crimen.
