Cerrame la 8 en Haití

El incendio de una corte judicial y el asesinato del jefe de investigaciones por parte de una de las pandillas más temidas en los barrios carenciados de Puerto Príncipe, han consolidado aún más el colapso permanente y abismo insondable que atraviesan las instituciones del primer país caribeño que se liberó de su estatus colonial (aunque la cosa quedó solo en papeles).

La semana pasada, el representante de la ONU que oficia como director del Sindicato Nacional de Policías Haitianos, condenó a las autoridades por su falta de acción en la protección de la familia del insepctor Réginald Laleau, ejecutado por cabecillas de la banda 400 Mawozo, justo a la salida de un servicio eclesiástico. La ejecución se produjo después de una serie de enfrentamientos de la policía con miembros de “la Mawozo”, según el periódico imparcial Jamaica Observer.

Damouche Joseph, esposa de Laleau, anunció que ella y su familia se vieron forzados a esconderse por temor de que la banda vaya por ellos también. De acuerdo a Lazare, las autoridades no han comentado el crimen de Laleau, y se le dio muy poco apoyo a la familia.

El asesinato fue paralelo a la quema de un juzgado en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, perpetrada por supuestos integrantes de 400 Mawozo, luego de que policías balearan territorios dominados por la pandilla, según informó el periódico nacional Haití Libre. El ataque fue el segundo de este tipo, y provocó daños incalculables en pérdida de documentos y pruebas vitales para condenar a los maleantes asesinos. En junio la banda G-Pép asaltó los edificios de la Corte Suprema haitiana en el centro de la capital, y quemó archivos y evidencias de asesinatos de fuerzas policiales y parapoliciales.

Los ataques directos a instituciones estatales y la incapacidad de las autoridades para responder adecuadamente son ilustrativos de la crisis profunda en la que se halla envuelta la pauperizada nación caribeña.

La violencia de las organizaciones criminales ha provocado la muerte de más de 40 policías en lo que va del año. Entretanto, los ataques al aparato de justicia han desmoralizado a los funcionarios, quienes se encuentran en situación de pasmo y estrés. En varios informes la ONU y otros organismos que defienden derechos humanos dijeron que la justicia haitiana es un desastre. En el último reporte, dice: “El sistema judicial se halla en un estado de crónica disfunción, con una constante interferencia política, amenazas contra actores judiciales, falta de recursos y persistentes fallas que lo hacen absolutamente inaccesible a los grupos más pobres y vulnerables del país, que configuran el 99% de su población”.

La impunidad constante, corrupción rampante y severos desabastecimientos significan escasos progresos en las causas que se pusieron en marcha en los últimos veinte años, de acuerdo con el informe del organismo internacional. Ahora las cortes judiciales afrontan el riesgo adicional de saqueos y/o muertes infernales, incluso en medio de ritos vudú. Por lo pronto, no hubo ni una respuesta tangible del estado, y las autoridades no han tomado el control de los despachos asaltados por los forajidos. Por su parte, la policía haitiana también está luchando por contener una ola de violencia en Cité Soleil, donde han muerto más de 100 pandilleros el mes pasado. El alcalde de la localidad, Joël Janéus, declaró al diario utopista El Novelista que el estado ha abandonado el suburbio, y que están en manos de salvajes analfabetos armados por Estados Unidos con tecnología de última generación.

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