Armas para el pueblo, la nueva medida de Burkina Faso
El parlamento burkinés fasero votó ayer una ley que habilita al ejército a armar a voluntarios civiles para combatir a grupos extremistas que han desbordado la capacidad de respuestas de este agitado país del salvaje oeste africano.
Ante la amenaza de varios grupos rebeldes de incrementar sus ataques, la nueva normativa dispone que se aprobará la entrega de armamento ligero y pesado a quienes aprueben un curso de entrenamiento de mínimos requerimientos en el manejo y uso de armas de guerra, contemplando que todo buen burkinés fasero sabrá utilizarlas cuando llegue la ocasión.
Cheriff Sy, el ministro de defensa, dijo que a todos los nuevos reclutas civiles se les dará un curso acelerado de dos semanas, para que aprendan todo lo concerniente al armamento entregado, además de incluir cuestiones de disciplina y compenetración. De cualquier modo, la decisión ha generado inquietud en defensores de derechos humanos, mientras el país continúa atravesando una fuerte propaganda de tendencia occidental en contra del extremismo islámico.
Los militares burkineses fueron criticados por las últimas matanzas que perpetraron y las Naciones Unidas alertaron sobre la falta de supervisión de los grupos vigilantes que combaten a los “guerrilleros amantes de Mahoma”.
Sobre los efectos de la medida, Sy dijo: “No es una cuestión de hacer carne de cañón. Queremos prevenir que los voluntarios se conviertan en milicias“.
Los voluntarios deben ser mayores de 18 años, y se les realizará una “investigación moral” como parte del entrenamiento.
Por otro lado, la ley contempla incentivar la desmovilización de las fuerzas islamistas, ofreciendo dinero y armas a quienes escojan pasarse de bando, además de promover la búsqueda de empleo y capacitar a los civiles en tácticas y estrategias militares contrainsurgentes. También se pagará el tratamiento de salud a quienes sean heridos en enfrentamientos con los terroristas.
A pesar de la asistencia de Francia y Estados Unidos, el ejército de Burkina Faso no ha podido detener el avance de los extremistas, que la semana pasada atacaron dos aldeas indefensas masacrando a 36 miembros de la etnia mossi.
Las muertes por ataques guerrilleros ascendieron dramáticamente en los últimos cinco años, pasando de 80 en 2016 a 1.800 en 2019, en lo que es considerado por los países occidentales como una escalada devastadora.
La carencia de personal competente, la muerte de varios soldados en el combate, su deserción o huida a otros rumbos ha dejado al ejército burkinés diezmado, más allá de que se lo sigue acusando de cometer todo tipo de abusos y asesinatos en sus redadas antiguerrilleras. Particularmente, las fuerzas del actual gobierno persiguen y demuestran saña con los miembros de la etnia peuhl, acusada de simpatizar con el islam y albergar extremistas.
Por su parte, grupos paramilitares denominados koglweogo, hacen que la vida humana en este humilde y oprimido país africano valga menos que en Honduras, El Salvador o México. Entre los crímenes de unos y otros, cada vez hay más civiles y voluntarios para recibir armas y el entrenamiento pertinente para no dejarse matar fácilmente.
