Violencia armada en Estados Unidos jaquea estabilidad de Biden

Por supuesto nadie habla del problema de la venta, consumo y uso indiscriminado de armamento pesado y ligero en Estados Unidos, de la pandemia de violencia, tiroteos, asesinatos de negros, y salvajes agresiones en escuelas y campus universitarios. La administración de Biden está buscando reprimir el tráfico ilegal y los crímenes violentos con armas de fuego en medio de una escalada de enfrentamientos y combates más groseros y letales que en la era Trump.

Este fin de semana Chicago reportó 56 tiroteos, de los cuales 11 resultaron fatales. En Washington DC, en una tranquila calle con populares restaurantes, un desquiciado mental arremetió con su ametralladora hiriendo a más de veinte personas y matando a cinco. Además, en la final del campeonato de beisbol, en las afueras del estadio Nationals Park dos bandas se enfrentaron a tiros, obligando a los desarmados a refugiarse en el estadio.

El descontrol en Chicago obligó a una reunión de fiscales y agentes del FBI y la CIA para, a través de un brain-storming (“tormenta de ideas) buscar soluciones a la violencia armada, que supera con creces –a nivel interno- a la de cualquier otro país del mundo. Entre las primeras propuestas, ya se están conformando “fuerzas de choque” que perseguirán a traficantes y lunáticos armados hasta los dientes, antivacunas y terraplanistas furiosos, que sólo quieren que regrese Trump al poder.

También se están urdiendo programas de “entrega de armas” o “restricciones a la compra”, que jamás logran ponerse en práctica por el fuerte lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que se siente “en su salsa” con el país convulsionado, anhelante de nuevas guerras civiles.

Si bien cuentan con tecnología para detectar corredores de ventas, interferir llamadas de mercenarios y traficantes, e inclusive comenzar a fabricar armamento con fallas de fábrica, para restarles letalidad, los grandes consumidores reaccionan negativamente ante las embestidas “anti-armas”, sus abogaduchos instalan la cuestión de la “segunda enmienda”, y contratan a los mejores científicos para que las balas y los complementos de rifles automáticos sean más efectivos y eficientes.

Los aumentos de asesinatos y enfrentamientos a tiros son atribuiudos a la ansiedad y angustia que padecen los estadounidenses por la pandemia. De acuerdo con cifras escalofriantes de sus asociaciones guerreras, el 40% de los estadounidenses es propietario de un arma de fuego, y la mayoría tiene más de una. El Archivo de la Violencia Armada indica que en lo que va de 2021 más de 10.000 personas murieron por disparos de maras de fuego, representando un incremento descomunal respecto de los anos anteriores.

La designación del abogado David Chipman al frente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos suscitó la ira de los republicanos recalcitrantes, quienes se resisten al menor cambio en las leyes de tenencia y uso de armas de guerra en la nación imperial.  Marco Rubio, un senador gusano, anticubano típico, dijo: “David Chipman es un lobbyista ‘anti-armas’ que no puede liderar ni el consejo escolar de su vecindario. Mientras la violencia criminal asciende en todo el país ese tipo quiere dejar a los estadounidenses indefensos”.

Biden está afrontando un frente interno jodido, no sólo por este inquietante tema de la violencia criminal descontrolada, sino porque su base de apoyo progresista lo insta a gobernar con mano y medidas más duras. En la última entrevista que dio a CNN, Biden negó ser “anti-policía”, como le atribuyen sus enemigos políticos. Igual aquí, el problema de la policía asesina, torturadora y racista es trivial, porque cualquiera de los ciudadanos armados, se cree policía con el mismo derecho a gozar de un buen crimen, una buena sesión de tortura, y una cabal demostración de racismo, aunque sea disfrazados del Ku Klux Klan.

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