Ministra de Educación denigra a docentes porteños

La indignación por las declaraciones de una Ministra de Educación porteña (o de derecha, como le guste autopercibirse) es una buena oportunidad para reflexionar sobre funcionarios que tienen esa capacidad para reproducir lo más rancio del sistema capitalista. Porque esa indignación se sufre aún más cuando se padece la impotencia de ver a docentes, enfermeros y policías votando a los funcionarios parásitos que los humillan.

Hay trabajadores y trabajos que no sólo explican lo injusto del sistema, sino también la forma en que se sostiene. ¿Qué significa educar en un sistema productivo que se concibe en un perpetuo crecimiento de todo lo que se puede mercantilizar? Significa que el trabajo tiene un valor, y la cultura personal también. Pero ese valor lo impone o lo legitima un grupo minoritario, de alcurnias varias, pero con una sola constante: el dinero como status social. Es decir, no todos los que gobiernan pertenecen a una clase alta que se empoderó cuando el Estado estaba en sus albores, robando la tierra y el trabajo de los pueblos originarios. Hay clase alta que se hizo rica cuando el Estado hacía terrorismo y negocios con empresas nacionales y transnacionales. Y están los famosos “emprendedores” selfmade men, que supuestamente provienen de un huevo, su fortuna es puro individualismo (su idea, su trabajo, su ganancia), nunca le deben plata ni al Estado, ni a la familia ni a sus potenciales empleados, a los que también pueden llamar “socios” si les conviene. Y en el último escalón están los desclasados, despolitizados, escépticos, con más o menos herramientas para interpretar un sentido común propio, solidario, justo. Pero a no confundirse porque los últimos son siempre mayorías: acá, en Estados Unidos o en China.

El gran problema con el analfabetismo político es que construye ignorancia cuando de elegir se trata. Y la ignorancia siempre fue una gran aliada de los poderosos. No en vano a los esclavos se les prohibía aprender a escribir. No en vano se pretende instalar cada tanto un “voto calificado”. Para que el sistema funcione, cada uno debe acomodarse en un nicho y aceptar esa condición, por más injusta y violenta que parezca. Pero así como los afroamericanos se cansaron de ser el “blanco de tiro policial” muchos trabajadores públicos se cansaron de ser relegados económica y socialmente.

Porque una cosa va de la mano de la otra, quienes están detrás del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creen que pueden bajarle el precio al trabajo docente. Lo que la Ministra de Educación explicitó, es una forma de construir sentido común, ese que justifica la desinversión, la privatización y los pésimos resultados por más que hace más de una década que gobiernan en la Ciudad más rica del país.

Pero ese sentido común que justifica la falta de inversión en salarios le cuesta mucho sostenerse si se lo rasca un poco. Porque se trata de trabajos que son incluso esenciales para ellos, que los docentes no trabajan sólo en escuelas públicas para pobres. Significa que el sistema los necesita para que enseñen, pero al mismo tiempo no quiere valorizar económicamente lo que ellos hacen. Porque ponerle precio a las piernas de Messi, a los escotes sugerentes de una comentarista de noticias, es muy fácil, el mercado decide en función del dinero que generan. Pero con los trabajos que alimentan el circo romano moderno es más complejo, la tecnocracia no puede reducir los importantes roles de la educación, la salud y la seguridad. Necesita a quienes se encarguen de sus hijos, que aprendan el “inglés para los negocios”, a usar los recursos digitales que les gusta ir a comprar a Miami. Porque si hay capitales culturales devaluados, el del actual Gobierno de la Ciudad es el primero, demostrando falta de capacidades en todas las esferas posibles: económicas, culturales, sanitarias y educativas. Tienen una concepción devaluada de calidad educativa, muy del neoliberalismo de los noventa. Quieren justificar a toda costa que la educación sea un negocio. Para eso es imprescindible la colaboración de los docentes. El problema es cuando el sector docente exige dignidad. Eso pone en evidencia los intereses que hay detrás de la “queja” por lo que son los docentes, los alumnos, los contenidos, etc. El negocio, la rentabilidad está por encima de todo, no necesitan ciudadanos que tengan la oportunidad de desarrollar ciencia, cultura, economía. Es sólo una cuestión de intereses privados.

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