Miseria humana en Lima

(Agencia Maldita Realidad)

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, en su enemistad con el gobierno venezolano y la revolución bolivariana, han suscrito una infame declaración que sólo revela su desvergüenza y cipayismo, para desconocer el desenvolvimiento de la ANC (Asamblea Nacional Constituyente) convocada por Nicolás Maduro. Desde que Venezuela “no es una democracia”, planteando que en el país caribeño y petrolero existe una “violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”, todo lo cual es falso y perfectamente aplicable a sus propios países. En principio, es necesario destacar que las honrosas delegaciones de Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay (a pesar de que es Luis Almagro quien promueve estos conciliábulos maquiavélicos que, a las órdenes del Departamento de Estado en Washington sólo quieren avalar la intervención estadounidense, es decir generar una guerra para ganar plata), invitadas al convite, se negaron a firmar semejantes barbaridades, como que el gobierno venezolano niega el ingreso de alimentos y medicamentos para paliar la crisis humanitaria que según la canalla mediática se vive en el país chavista. Actuando bravuconamente como les indicó el mandamás Trump, los declarantes dijeron que no le venderán armas a Maduro. Para denunciar y desnudar la miseria humana que se esconde detrás de la “Declaración de Lima” de 8 de agosto de 2017, vamos a exponer a continuación un panorama breve, pantallazos y datos concretos sobre la situación de los derechos humanos y las “democracias” en los países firmantes:

Argentina: Actualmente Argentina está siendo gobernada por las mismas familias que condujeron el país durante la dictadura militar de 1976-1983. De hecho, el gobierno tiene voceros que reivindican todos los días dicho período, las políticas económicas que está aplicando son idénticas en todos los niveles, ya ha liberado a varios genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad, y ya ostenta con orgullo tener el primer desaparecido bajo la calificación “desaparición forzada de persona”, método criminal argentino exportado a Latinoamérica y el mundo, en la figura del joven Santiago Maldonado, “chupado” por Gendarmería Nacional en una razzia y represión a organizaciones mapuches. La prisión a la que es sometida la líder del movimiento Tupac Amaru desde el inicio del gobierno macrista da cuenta de que en el país no existe el estado de derecho, para cualquier ser pensante que lea el expediente u observe el funcionamiento del sistema judicial jujeño. Y el de ella es un caso notorio porque era diputada del Parlasur. Hay varios casos de presos políticos, secuestros de personas y, lo que más enamora a sus votantes, asesinatos impunes de pibes pobres.

Brasil: Es el único país de la región cuyo gobierno claramente se puede calificar como dictadura, por lo que se puede considerar el más abyecto e ilegítimo de los declarantes. Michel Temer asumió el poder mediante un “golpe parlamentario” orquestado por la CIA. Luego, sin necesidad de apelar a los militares, aunque los convocó también a reprimir al pueblo, usó las fuerzas policiales y a las mafias judiciales –al igual que su par Macri- para reprimir las acciones desesperadas en su contra, encarcelar de ser posible a Lula da Silva y mantenerse firme a pesar de tener menos de un 5% de aprobación según las encuestadoras del establishment. Su gobierno arrancó “aplicando una reducción drástica de los fondos destinados a los programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza” y acaba de instaurar una supuesta “reforma laboral” que no es otra cosa que un neoesclavimo, recargado en cuanto a sus condiciones de explotación.

Canadá: Detrás de la cara bonita de Trudeau empresas canadienses dañan el medioambiente en todos los países latinoamericanos, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. Siempre dispuestos a apoyar las aventuras belicistas de sus vecinos yanquis, y al igual que todo gobierno estadounidense que se precie de ser WASP, violan sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos originarios con toda clase de aberraciones.

Colombia: La especialidad de Santos, otro Nobel cínico de la Paz como Obama, en la materia “Violación de derechos humanos” es el asesinato, a la vez selectivo y masivo, de líderes sociales y defensores de, ¡vaya paradoja!, derechos humanos. El informe anual de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el aumento de los ataques a activistas sociales. El año pasado la cifra llegó a 127 líderes asesinados y la mayoría de ellos murieron en zonas previamente ocupadas por las FARC a manos de bandas paramilitares heredadas de la época de su amigo, antecesor y hoy “supuesto rival” Uribe. La cantidad y el carácter monstruoso de los crímenes cometidos por el actual gobierno colombiano, instaurador de un insulso “proceso de paz”, pueden consultarse en cualquier revista o informe sobre derechos humanos, pobreza, hambre y desplazados en el país cafetero y cocalero.

Costa Rica: Quizá sea el país con menos récords de violaciones a los derechos humanos aunque en los rubros trata de personas y deportación de inmigrantes africanos o cubanos indeseables, se ha destacado en los últimos tiempos. Suele ser mencionada como ejemplo de democracia y compromiso con los derechos humanos. Esto se le puede conceder pero la firma de la Declaración de Lima revela el carácter avieso de su gobierno actual, que tiene problemas graves relacionados con los derechos humanos como el trabajo infantil, la inequidad social y violencia contra las mujeres y los niños. Sobresale también en el tráfico de influencias para favorecer a empresarios amigos en la expoliación y saqueo de tierras a comunidades indígenas. Quiere privatizar la famosa Caja Costarricense de Seguro Social, sepultó una ley que protegía a miles de familias costeras (TECOCOS), irrespeta los convenios internacionales sobre los pueblos indígenas, su autonomía y desarrollo, y se ufana de que su territorio puede servir de plataforma a las tropas yanquis cuando así lo disponga Trump para invadir a la vecina Nicaragua.

Chile: Bachelet es otra “abanderada” de los derechos humanos que sólo ve la viga en el ojo ajeno, o que deja la paja desordenada en su granero. En los dos períodos en que ejerció como presidenta se mantuvieron constantemente en aumento las protestas sociales y económicas en todo el país y también la violencia de los carabineros en contra los manifestantes, quedando la mayoría de los casos de violación a los derechos humanos acontecidos en la más absoluta impunidad. En Chile existe un doble sistema de justicia que permite a la policía golpear, maltratar e incluso matar a manifestantes pacíficos y salir impune de las violaciones a los derechos humanos. Hay criminales prófugos aún de la época negra de la dictadura de Pinochet, y los asesinos se dan el lujo de amenazar y basurear a sus víctimas, por lo general líderes mapuches y abogados defensores de derechos humanos. En términos de allanamiento y aniquilamiento de pueblos originarios, se está sacando chispas con el vecino Macri.

Guatemala: El “Triángulo Norte” de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, es uno de los lugares más violentos del mundo; allí se mata a más personas que en la mayoría de las zonas de conflicto del planeta. Honduras y Guatemala son los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; las personas que militan por los derechos humanos son objeto de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, agresiones y homicidios. En Guatemala se suele criminalizar mediante procedimientos penales sin fundamento y el uso indebido del sistema de justicia penal a todos los calificados por el gobierno (mera agencia de Washington) como “el enemigo interno”. La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas continúan siendo extendidas en el país. La corrupción en el sistema judicial, sumada a hechos de intimidación contra jueces y fiscales, contribuye a que haya altos niveles de impunidad. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.

Honduras: Desde el golpe de estado a Mel Zelaya en 2009 que Honduras se ha convertido en el prostíbulo, conejillo de Indias y experimento de Estados Unidos para cometer todo tipo de tropelías y vejaciones a su pueblo. Existen actualmente en el país, en el gobierno heredero y cómplice del golpe, gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz, estando a la orden del día asesinatos, secuestros, torturas, violaciones sexuales y robos. Honduras tiene la cifra más elevada del mundo de homicidios per cápita de activistas ambientales y de defensa del derecho a la tierra. Berta Cáceres, lideresa y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió asesinada el 2 de marzo de 2015 cuando la CIDH había dictado medidas cautelares en su favor desde 2009, pero las autoridades no actuaron de forma efectiva para protegerla. Antes de su muerte, tanto ella como otros miembros de COPINH que protestaban contra la construcción de la represa de Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, fueron objeto de hostigamiento, amenazas y agresiones constantes por parte de agentes estatales y no estatales, situación que hoy se perpetúa con el hostigamiento, la persecusión y la muerte bajo encargo de sus familiares y amigos.

México: En México se sigue utilizano a personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país se encuentra generalizada, siendo dramática la situación de irrespeto a los derechos humanos y falta de seguridad jurídica. Las desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa sólo es una muestra de lo que son capaces las bandas de delincuentes armados, policiales y parapoliciales, y agrupaciones narcoterroristas en sus enfrentamientos, sino que todas se han dedicado al secuestro, tortura y asesinato de personas, siendo escalofriantes los reportes sobre malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. En todo México se llevan a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, mientras Peña Nieto cae vertiginosamente en sus índices de popularidad. Los asesinatos de periodistas parece ser la especialidad de los últimos tiempos, muriendo a razón de 1 cada 2 días en los últimos 2 años, lo que ha coadyuvado a la muerte de la libertad de prensa y la libre expresión en el país. La violencia contra las mujeres continúa suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. En síntesis, México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos de toda la historia y se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio de los estadounidenses en materia de deportaciones y vejaciones a inmigrantes. El gobierno está tan ahogado en escándalos de corrupción como sus pares Temer y Macri. A tal punto están enajenadas las cosas que en las elecciones del año que viene se plantean horizontes favorables para candidatos como AMLO o Marichuy, que podrían encabezar una nueva revolución mexicana capaz de hacer temblar la región.

Panamá: Las violaciones a los derechos humanos en Panamá continúan alertando a la ciudadanía e incluso han llamado la atención de la comunidad internacional. Mientras estudiantes y obreros privados de libertad realizan huelgas de hambre en centros penitenciarios panameños para denunciar condiciones inhumanas, los compañeros y familiares de los detenidos hace más de un mes exigen que se les libere y juzgue bajo el debido proceso. Manifestaciones por violación de derechos humanos de comunidades que claman por agua potable, salud pública eficiente, vivienda digna, protección del medio ambiente, seguridad ciudadana, soberanía alimentaria y educación integral, inquietan a sectores de la sociedad panameña. El gobierno de Juan Carlos Varela, empresario educado en Estados Unidos, legisla bajo parámetros represivos y opuestos a los convenios y leyes sobre derechos humanos a los que está adscrito el país. Las principales víctimas son estudiantes universitarios e indígenas, a quienes se les viola el derecho al libre movimiento, a la consulta previa e informada (sobre construcción de represas o cementeras) y a la libertad religiosa, específicamente en contra de los ngäbes que practican la religión Mama Tadta. los pueblos guna de Madungandí y emberá de Bayano.

Paraguay: De acuerdo a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Paraguay se violan los derechos humanos sistemáticamente en varias áreas, al señalar que en los últimos años la Policía y los militares fueron responsables de varias muertes que involucraron el uso de fuerza no autorizada y excesiva. Su presidente es otro empresario mafioso que desde que ha asumido, ha elevado los índices de criminalidad y contrabando a niveles inesperados, fomentando el negocio informal de la delincuencia. Paralelamente, se multiplicaron astronómicamente las denuncias por desalojos violentos, atropellos a ciudadanos y violaciones de derechos humanos, principalmente a campesinos, indígenas, estudiantes y defensores de derechos humanos. A partir de la incursión de policías y militares en diferentes regiones del país con la justificación de combatir al grupo insurgente Ejército Popular Paraguayo (que parece ser un invento de las fuerzas de inteligencia entrenadas por los yanquis), se ha aprovechado para dar rienda suelta a los represores y torturadores para que hagan su trabajo. En 2016 fueron sentenciados a prisión 11 campesinos por el caso de la masacre de Curuguaty (ocasión que le sirvió a Cartes para hacer el golpe de estado parlamentario que lo puso en un lugar para el cual el pueblo nunca lo eligió), ocurrida cuatro años antes, en una decisión abominable porque sólo fueron procesados los campesinos por el deceso de 6 agentes, mientras que ninguna autoridad involucrada ni las circunstancias de la caída de 11 labriegos fue investigada. Organizaciones sociales se movilizan a diario para denunciar la violación de los derechos humanos en el país y exigen una reforma agraria. Asimismo, denuncian que los trabajadores del campo y las comunidades indígenas son expulsados de sus territorios por empresarios amigos del presidente.

Perú: El organizador de la Declaración, el anfitrión de la infamia, la abyección en carne viva. Durante el primer año de gobierno de PPK no se ha observadi una voluntad política que apunte a resolver los procesos judiciales por  violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario recientemente el Congreso ha dado curso a una acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que resolvieron que los casos por los cuales ha sido sentenciado Fujimori eran delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles, continuando haciendo lobby el propio presidente para indultar al ex dictador. Aún no se aprueba una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, durante el primer año del gobierno 9 han sido asesinados: 3 por uso excesivo de la fuerza estatal en contextos de protesta social, y los otros 6 debido a la acción de sicarios. En este contexto ha recrudecido la criminalización de los activistas sociales, ampliando los plazos para la detención sin cargos hasta los 15 días, y condenando a prisión a 17 defensores de derechos humanos en todo el país, incluyendo a sindicalistas y defensores del medio ambiente. Se trata de una situación sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia. El gobierno viene haciendo uso de la declaratoria de estados de emergencia y militarización. El caso más reciente es el de la masiva huelga de maestros que ha suscitado la declaratoria de estado de emergencia en Cusco y Puno. Durante este gobierno se han seguido presentando desastres ambientales (naturales y no naturales) que ponen en riesgo la salud de la población. Los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas son lentos y la acción del Estado inexistente ante una situación de envenamiento colectivo que parece sentenciar el destino de varias poblaciones indígenas y campesinas.  El derecho a la salud de millones de peruanas  y peruanos está desprotegido. Un reciente evento en la ciudad de Lima, como fue la caída de un ómnibus turístico, reveló las debilidades de un centro de salud tan importante como el Hospital “Arzobispo Loayza”, en pleno centro de la capital que, además de estar desbordado en su capacidad de atención, ni siquiera tiene un tomógrafo operativo.

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